Hace algunos años desembarcó en las costas españolas un grupo de africanos al borde de la inanición y sin papeles. Era uno de los primeros problemas de inmigración que se le planteaba a un país que siempre emigró a borbotones. Por toda respuesta, el gobierno los embutió en un avión y, pasando por alto todas las leyes, deportó a los famélicos subsaharianos. Cuando políticos, comentaristas y juristas estupefactos preguntaron al gobierno por semejante acción, la justificación oficial fue la siguiente:”había un problema, y lo hemos resuelto”.
Semejante gesto autoritario no sólo no resolvió el problema, sino que lo ha agravado. Actualmente llegan cada mes a las playas españolas numerosas pateras (canoas) cargadas de pobres del tercer mundo que intentan trabajar en Europa. Cientos de ellos perecen en el intento. Otros son devueltos a su origen. Unos pocos logran quedarse. El riesgo es mucho, pero quienes lo asumen consideran que resulta menos severo que permanecer en la miseria.
Mientras tanto, el gobierno del Partido Popular se niega a aprender la lección. Antes que acudir a acuerdos intergubernamentales, fortalecer la ayuda externa o aceptar su nueva condición de país de inmigrantes y obrar en consecuencia, ha optado por mostrar los dientes a quienes pretenden visitar una tierra que, en el caso de los latinoamericanos, es la de su sangre y su lengua. Semejante política es peligrosa. Por una parte, siembra una sutil antipatía contra el extranjero que antes no existía en el pueblo español. Por otra parte, pierde la oportunidad de renovar su cultura con la incorporación de otras -- lo que no hizo durante siglos de imperio— y adecuar el país al siglo XXI: si quiere sostener a sus jubilados, adquirir mayor peso en la Unión Europea, frenar la tasa negativa de crecimiento poblacional y disponer de trabajadores para las labores menos gratas, España necesita recibir inmigrantes. El porcentaje de ellos en su censo es uno de los más bajos de Europa, y hay campo para muchos.
Lamentablemente, la actitud del gobierno conservador ha sido la opuesta. Esta semana entró en vigencia una nueva ley que deja en limbo ciudadano a cientos miles de inmigrantes, entre ellos 350.000 colombianos. Numerosas ONG han denunciado la medida como “un apartheid” y “un mensaje intimidatorio”. El presidente José María Aznar dirá que “había un problema, y lo hemos resuelto”. La verdad es que lo han empeorado.
El remedio no consiste en ilegalizar personas, sino en cambiar por completo su mentalidad, recordar que los españoles una vez tuvieron que buscar otros destinos donde se les recibió de manera generosa, y prepararse para incorporar y aprovechar a esos seres humanos cuyo único objetivo es algo que la ley asimila ahora a un grave delito: trabajar
